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Anis Cartujo
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Reportaje especial: Caso Óscar Pérez, lo que nadie se atrevió a contarle

ROSSANA FRANCO ZAMBRANO

El hombre que sobrevoló los cielos en un helicóptero sobre la sede del Tribunal Supremo de Justicia TSJ quedó en la memoria de todos los venezolanos luego de su asesinato el 15 de enero de 2018. Óscar Pérez era funcionario y expiloto del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC)cuando comenzó a pronunciarse en contra del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Fue uno de los que llamó a la rebelión por medio de la aplicación del artículo 350 de la Constitución Nacional de Venezuela.

El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos.

Aquel 27 de junio de 2017, los compañeros de Pérez hondearon la bandera nacional que invitaba a los venezolanos a desconocer cualquier régimen que representara “una amenaza de los principios democráticos”. Desde entonces muchos se preguntaron si realmente era auténtica su lucha, o se trataba de otro artificio que camuflajeaba la crisis que ya comenzaba a profundizarse en nuestro país.

El gobierno nacional emitió luego de este suceso, una alerta nacional e internacional para dar con la captura del exfuncionario, quien fue declarado por el CICPC como “el hombre más buscado del país”. Tareck El Aissami, exvicepresidente ejecutivo, rindió declaraciones sobre el helicóptero que fue encontrado en la población costera de Osma, en el estado Vargas. Los organismos de inteligencia del gobierno venezolano comenzaron a seguir la pista de Óscar Pérez a quien juraron capturar vivo o muerto.

El 5 de julio de 2017 Pérez se dirigió a los venezolanos mediante un vídeo donde relataba su maniobra para ejecutar el aterrizaje forzoso que tuvo que realizar en Vargas, confirmando así las declaraciones emitidas por El Aissami. La División Contra el Terrorismo del CICPC arrestó a tres ciudadanos en Caracas por “presunta implicación en el caso”.

Llegó el mes de agosto de 2017 y las protestas se hicieron sentir en Caracas y en el resto del país. Óscar Pérez y un grupo de jóvenes venezolanos que se mantenían en la lucha y en protesta a la crítica situación política de Venezuela, lo acompañó en varias apariciones en las distintas marchas que se llevaron a cabo en la capital. Pérez fue siempre enfático en su discurso en el que hizo numerosos llamados “a la lucha por el país”. También ofreció entrevistas para cadenas televisivas internacionales donde rindió declaraciones sobre la situación que se estaba viviendo en Venezuela.

En el mes de octubre, El Aissami vinculó al expolicía y al preso político Leopoldo López luego de ciertas averiguaciones en las que se demostraba que “(…) mantenían comunicación con organizaciones terroristas para atentar contra los servicios públicos de Venezuela”. Pérez desmintió al exvicepresidente e indicó que sus acusaciones formaban parte de “una estrategia para distraer a los ciudadanos”.

Durante finales de 2017, Óscar Pérez hizo públicos varios vídeos en los que hizo señalamientos sobre “la crisis política y social del país”, en ellos advirtió a los altos funcionarios del régimen que serían “perseguidos y enjuiciados por el pueblo”.

El 30 de diciembre de 2017, Óscar Pérez denunció el “ataque a sus padres y el incendio de la casa donde vivía”. Aseguró que funcionarios del gobierno nacional “(…) atacaban a todas las personas que estuvieran vinculadas con él, incluyendo a sus hijos”, reseñaron los medios de comunicación como El Nuevo País. “(…) Los días más difíciles del exinspector empezaron en enero de 2018, cuando faltaban solo pocos días para que su escondite fuera descubierto”.

Operación Gedeón, la masacre

El lunes 15 de enero de 2018 el mundo miraba asombrado y horrorizado el asesinato de Óscar Pérez, producto de la “Operación Gedeón”, un procedimiento llevado a cabo por funcionarios de inteligencia militar comandados por GN, SEBIN, DGCIM y PNB en el kilómetro 16 de El Junquito. Allí se dio captura al expiloto del CICPC, quien era uno de los hombres más buscados por la inteligencia venezolana durante la gestión de gobierno del presidente Nicolás Maduro.

Aquella mañana, alrededor de las 4 de la madrugada, los funcionarios cercaron un chalet blanco que se encontraba en el sector El Cujicitode la urbanización El Araguaney. De acuerdo con vecinos de la zona, “una persona quien se mantenía al tanto de la situación”, dio aviso a los funcionarios quienes los acorralaron hasta dejarlos sin signos vitales.

Óscar Pérez, había permanecido en la clandestinidad, luego de que llevara a cabo aquella maniobra desde el helicóptero que sobrevoló el TSJ. A las 6:46 am de ese día, dio un mensaje por sus redes sociales Twitter e Instagram para informar que había sido sitiado por funcionarios de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional Bolivariana PNB y la Guardia Nacional GN.

Por más de cuatro horas, desde varias zonas de El Junquito, se escucharon las detonaciones provenientes del sector El Cujicito, en el que alrededor de las 10:30 am, se produjo una explosión en provocada por un lanzacohetes antitanque RPG-7.

Según sospechan especialistas en la materia, esta detonación derrumbó la estructura y cubrió de escombros los cadáveres de las siete víctimas entre los que se encontraban Daniel Enrique Soto Torres, Abraham Lugo Ramos, Jairo Lugo Ramos, José Alejandro Díaz Pimentel, Abraham Israel Agostini y Andreína Ramírez y Óscar Pérez. También fallecieron dos funcionarios policiales y el líder de un colectivo chavista,Heiker Vázquez, quien según información extraoficial tenía el uniforme de las FANB, Fuerza Armada Nacional Bolivariana cuando murió.

PROVEA Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos, suministró información en la que afirmaba que “(…)el cuerpo de Óscar Pérez había ingresado a la morgue de Bello Monte a las 6:30 de la tarde del 15 de enero.  Más tarde, las Fuerzas de Acciones Especiales FAES confirmaron la muerte de Pérez que luego fue informada oficialmente por el ministro de Interior, Justicia y Paz de Venezuela, Néstor Reverol. 

Pero no fue sino hasta el 18 de enero, que llamaron a un familiar de Óscar Pérez para que reconociera los restos. La presunta cremación de los cuerpos señalada por el gobierno nacional fue desmentida por una abogada del Foro Penal Venezolano quien aseguró que sólo les vieron el rostro, ya que  el cuerpo no estaba en absoluta descomposición como sostenía la versión oficial del ministro Reverol.

Fuentes oficiales señalaron luego que los cuerpos “(…) se encontraban refrigerados y tenían un precinto de seguridad para que no se filtraran fotos ni vídeos”.

Las fotografías del acta de defunción también fueron publicadas. En ellas se leía que la causa de las muertes habían sido por: “Hemorragia subdural, fractura de cráneo, herida por arma de fuego con proyectil único a la cabeza”. A Pérez le otorgaron el certificado de defunción N° 3368758.

No fue sino el 20 de enero, cuando se llevó a cabo el traslado, sin autorización de sus familiares, de los cadáveres de José Díaz Pimentel y Abraham Agostini al Cementerio del Este. Los funcionarios de la PNBbordearon la zona controlando el sepelio al que sólo tuvieron acceso dos familiares por cada víctima.

Más tarde, después de conversaciones, los funcionarios de la Guardia Nacional GN, permitieron el ingreso de amigos, familiares, ciudadanos y la opinión pública quienes fueron a cubrir los hechos y a constatar la veracidad de los mismos. Jairo Lugo Ramos, Abraham Lugo Ramos, Daniel Soto Torres y Lisbeth Ramírez, fueron velados en los estados Zulia y Táchira, donde eran originarios.

Un delator

Agentes prestan guardia en los alrededores del lugar donde se realiza una operación contra el grupo liderado por el policía Óscar Pérez hoy, lunes 15 de enero de 2018, en el barrio El Junquito, en Caracas (Venezuela)/ Foto: EFE

El 10 de mayo de 2018, el diputado a la Asamblea Nacional (AN) y presidente de la subcomisión de Lucha Antidroga, Antiterrorismo y Delincuencia Organizada, José Luis Pírela, hizo pública una denuncia ante la Organización de Estados Americanos OEA. “(…) Peter Blatnik es el delator”

Se convirtió en el delator de quienes fueron ejecutados con una acción de terrorismo de Estado, donde se hizo el uso desproporcionado de la fuerza, donde se hizo una masacre que avergüenza a la Venezuela decente y al mundo.

Según Pírela, Blatnik, quien es integrante de un grupo de empresarios llamados “Perros de Guerra”, es “vendedor de armas, equipos y municiones conjuntamente con el ministerio y el ministro de Defensa de Venezuela”.

El diputado relató que Óscar Pérez y sus compañeros fueron embaucados por el empresario Peter Blatnik,“(…)los embauco mostrándoles un falso interés en su lucha de cambio en el país, (…) pero  fue el proveedor de las bombas lacrimógenas, armamentos, helicópteros, municiones y equipos de baja calidad que adquirió el Estado venezolano”.

Es evidente violación a los Derechos Humanos a quienes resultaron víctimas y fueron ejecutados, además de quienes tienen una tradición de cometer fraude al Estado venezolano.

El mundo condenó el genocidio

Una de las primeras personas públicas en pronunciarse fue la exfiscal de Venezuela Luisa Ortega Díaz quien denunció en la Corte Penal Internacional CPI, al presidentee Nicolás Maduro y a dos altos funcionarios del Gobierno por “masacrar” al grupo del exagentes y a Óscar Pérez, fallecidos el pasado 15 de enero, dijo Ortega en La Haya en donde amplió la denuncia posteriormente.

Logramos llevar evidencias de que las personas que fueron masacradas estaban rendidas y ya se había negociado la entrega, (…) pero llegó la orden a última hora de Nicolás Maduro de que procedieran a aniquilarlos.

Ortega responsabilizó al comandante general Remigio Ceballos Ichaso y al director de la Policía Nacional Bolivariana PNB, Carlos Pérez Ampueda, a los cuales pidió procesar por crímenes de lesa humanidad junto con el presidente Nicolás Maduro.

Alba Cecilia Mujica, periodista de Globovisión, hizo público su rechazo al aire mientras conducía el programa Mujeres en todo, por lo cual fue despedida tras 18 años de trabajo en la planta televisiva. El 19 de enero el conocido Señor Papagayo (Rafael Araujo), manifestó su rechazo expresando en su papagayo “El derecho a la vida es inviolable” en el cual colocó los ojos de Óscar Pérez, junto a un grupo de personas que dieron apoyo a los familiares. 

Países como Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Paraguay, Iruguay, Alemania, España, Italia y Francia, fueron escenarios de diversas manifestaciones de rechazo a la masacre cometida contra Óscar Pérez y su grupo. La Gran Logia Simbólica del Paraguay GLSP, emitió un comunicado condenando la muerte del también masón venezolano Óscar Pérez. 

(…) fueron abatidos cobardemente durante el operativo policial venezolano a pesar de haber expresado la rendición previa a sus muertes según se observan en vídeos que fueron viralizados en las redes sociales. 

El 18 de enero de 2018, Amnistía Internacional emitió un comunicado donde condenó “(…) una ejecución ilegal del piloto rebelde Óscar Pérez en Venezuela por fuerzas de seguridad del gobierno”. Una vez más, los actos de violaciones a los derechos humanos en el país, incluyendo crímenes prohibidos por la legislación internacional quedaron en evidencia.

Según el informe de Amnistía Internacional “(…) en la operación, los funcionarios utilizaron un arma militar que no sólo está diseñada para matar, sin que también deja poco probabilidades de supervivencia, (…) y el uso de esta arma puso en peligro la vida de las personas alrededor”.

La Organización de Estados Americanos OEA Human Rights Watch por su parte, comparó el caso Óscar Pérez en Venezuela con las masacres de otras dictaduras latinoamericanas. José Miguel Vivanco, director de la organización para la región, señaló que lo ocurrido en El Junquito es similar a lo que sucedió en las dictaduras de Argentina y Chile, en las que “(…) aparecían frecuentemente noticias sobre terroristas muertos en enfrentamientos y muchas veces se trataba de ajusticiamientos”.

La organización rechazó contundentemente el ataque.

(…) condena el operativo destinado a ejecutar extrajudicialmente a Oscar Pérez, (…) el operativo habría ocasionado la muerte de unas nueve personas, al menos cinco de las cuales serían miembros del grupo de Pérez, y dos serían una mujer embarazada y un niño de 10 años que acompañaban al grupo de rebeldes.

En marzo 15 de 2019, Luisa Ortega Díaz vuelve a sacar a la luz el caso del asesinato de Óscar Pérez con el fin de hacer justicia y condenar al régimen de Nicolás Maduro y a aquellos quienes perpetraron la masacre de El Junquito. 

En fotografías suministradas por funcionarios que estuvieron involucrados en los hechos y que ahora son perseguidos por el régimen de Nicolás Maduro, se observa como a pesar de que la víctima se rindiera ante el ataque de los funcionarios enviados aquel día de la masacre, su cuerpo presenta evidencias flagrantes de un ataque que viola todos los derechos humanos. Esperamos por los próximos acontecimientos relacionados con el caso y la intervención de los organismos internacionales como la CPI y la CIDH. 

@rocafranc

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