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Anis Cartujo
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Casos de extradición a Venezuela dividen a los jueces españoles

Tres tribunales de España se pronunciaron de manera distinta sobre los casos de tres venezolanos, mientras que dos autorizaron la extradición del matrimonio formado por la enfermera de Chávez y el jefe de seguridad de fallecido presidente Hugo Chávez

EFE

Las últimas peticiones de extradición a Venezuela, relacionadas con venezolanos investigados por corrupción asentados en España, han dividido a los jueces españoles y puesto sobre la mesa el debate sobre su entrega a un país donde, según ONG y organismos internacionales, se violan los derechos humanos.

La Audiencia Nacional celebró en las últimas semanas tres vistas de extradición de ciudadanos venezolanos que guardan cierta relación con el gobierno de Hugo Chávez, pero no ha seguido un criterio unánime.

Tres tribunales diferentes se pronunciaron de manera distinta mientras que dos autorizaron la extradición del matrimonio formado por quien fue enfermera de Chávez y el jefe de seguridad de fallecido presidente, una tercera sección optó por negar la entrega de un venezolano relacionado con el expolio de la petrolera venezolana Pdvsa.

Las tres decisiones están recurridas ante el pleno de la Sala de lo Penal. En el caso del matrimonio por sus defensas y en el del ex contable de Pdvsa por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que mantiene un criterio unánime de mostrarse a favor de las entregas.

«Que el pleno unifique criterios», opinan fuentes de esta Fiscalía consultadas por Efe. Defienden que hay un tratado bilateral de extradición en vigor que puede ser denunciado por el gobierno español en caso de que Venezuela no de garantías de cumplimiento de los derechos humanos.

Para estas fuentes, las acusaciones del gobierno de Venezuela contra José Ramón Sánchez Rodríguez, el ex contable de Pdvsa, son contundentes y además cree que no se ha acreditado su conexión con detenidos en Venezuela que denuncian violaciones de sus derechos. En cambio, la Audiencia considera que podría sufrir maltrato si es entregado.

No lo considera así para la enfermera y el guardaespaldas de Chávez, Claudia Patricia Díaz Guillén y Adrián Velásquez Figueroa, acusados de haber sustraído dinero público a raíz de las cuentas vinculadas a ellos que aparecieron en los «papeles de Panamá». En este caso, la Audiencia Nacional entiende que no son opositores del gobierno de Nicolás Maduro porque es «continuista» del de Chávez, y que por ello no sufrirán represalias. Ellos, en cambio, temen por sus vidas.

Amnistía Internacional opina que estos ciudadanos no deberían ser entregados: «La extradición de estas personas, que si bien deben ser investigadas si han cometido delitos, podría ponerlos en riesgo de ser víctimas de violaciones a derechos humanos», afirma a Efe Valentina Ballesta, investigadora de dicha ONG para Venezuela.

Ballesta relata cómo la organización ha documentado «violaciones al debido proceso y al derecho a un juicio justo en Venezuela, así como el uso regular y frecuente de detenciones arbitrarias y de tortura», por lo que insiste en que «podrían ser sometidas a graves abusos si se les extradita».

Reitera que si han cometido delitos no deben quedar impunes y en este sentido habría la posibilidad de que, si no son entregadas, se les investigara y juzgara en España a petición de Venezuela.

La abogada venezolana Tamara Sujú afirma que «enviar a quien sea a Venezuela para ser supuestamente ‘juzgado»‘por un poder judicial coaptado es ilógico».

«En Venezuela no hay orden jurídico, no hay justicia imparcial que diga si son culpables o no, todo dependerá de lo que al régimen le interese de ellos», afirma.

Mientras, sigue el goteo de venezolanos detenidos en España por causas de corrupción en el país. La Audiencia tiene que celebrar otras dos vistas de extradición de dos relacionados con Pdvsa, uno de ellos el ex viceministro de Energía de Chávez Nervis Villalobos, que es investigado en España por blanqueo y accedió a ser entregado a Estados Unidos, que también lo investiga.

La Audiencia Nacional deberá resolver si las personas sospechosas de corrupción deberían ser enviadas a un país sobre el que la Unión Europea mantiene un embargo de armas y sanciones por infringir derechos humanos. 

Fuente http://www.el-nacional.com/noticias/mundo/casos-extradicion-venezuela-dividen-los-jueces-espanoles_262721

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