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Es de justicia el apoyo a nuestros hermanos venezolanos

Socorro Beato/ Foto: Diario de Las Américas

Hace menos de una semana, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) informaban de que, en el último año, más de tres millones de personas han escapado de la crisis económica y política que sufre Venezuela. Las políticas de puertas abiertas y la solidaridad de los países vecinos están aliviando la situación pero su capacidad de recepción es limitada.

Según el Informe de 2018 de la Comisión Española de Ayuda al refugiado (CEAR), sobre las personas refugiadas en España en el año 2017, España recibió más solicitantes de protección internacional que ningún otro año; la mayoría de ellas -10.355- procedentes de Venezuela. Sin embargo, de las 1.545 personas de este país cuya solicitud se resolvió, tan solo 15 lograron el estatuto de refugiado.

 

 

Ante ello, el Defensor del Pueblo ha recomendado al Gobierno de España que realice una declaración general de protección temporal mientras se encuentren en España. También ACNUR solicita que se les trate como refugiados, en vez de migrantes por razones económicas y recomienda que los países de recepción que no los deporten, no los expulsen o no los obliguen a regresar. En un informe denominado “Nota de Orientación sobre el Flujo de Venezolanos”, pide a los países que garanticen la residencia y el derecho al trabajo de los venezolanos, aunque hayan entrado al país ilegalmente o no tengan documentos de identificación.

Por los vínculos históricos, familiares y culturales que unen a España con el pueblo venezolano, y especialmente con Canarias, somos de los países europeos que más venezolanos reciben. Porque no olvidemos cuánta hambre mataron los bolívares venezolanos y cuánto contribuyeron a la construcción de Canarias.

En este sentido, Europa y España deben reconocer que los venezolanos huyen y por tanto establecer mecanismos legales y eficaces de acogida y protección internacional, dar una respuesta humanitaria a estas personas refugiadas y migrantes, y definir un plan que preste asistencia directa de emergencia, protección, integración socioeconómica y cultural.

España debe hacer suya la recomendación del Defensor del Pueblo en relación a la situación de los ciudadanos venezolanos en España, y el Consejo de Ministros formular una declaración general de protección temporal mientras se encuentren en nuestro país, en tanto persistan los motivos sociales y económicos que están dando lugar un éxodo masivo.

A nadie le deja indiferente ver a miles de venezolanos hacinados en las fronteras, saliendo de madrugada, huyendo del hambre, la miseria, la escasez de alimentos, las enfermedades o la falta de medicinas.

¡Cómo va a extrañarnos que en Venezuela haya desnutrición!

Sin duda, estamos de acuerdo con ACNUR, “los acuerdos están guiados por el principio de que brindar protección internacional es un acto humanitario y no político. Brindar protección internacional es consistente con el espíritu de solidaridad internacional”.

Hay que recordar y explicarles a las nuevas generaciones cuánto debemos a los canarios en Venezuela para que entiendan que este esfuerzo económico para acudir en su ayuda “es necesario y de justicia”.

El Gobierno de Canarias tiene una política específica para la población emigrada, sobre todo en Latinoamérica y consiste en acompañar, atender y facilitar ayuda asistencial, social, sociosanitaria y de emergencia, ayudas directas en la adquisición de productos de primera necesidad como medicamentos y alimentación, a través de la gran red de entidades canarias en el exterior. Precisamente es en el país venezolano donde más se están dando esas ayudas.

Otro de los problemas que está obstaculizando el legítimo deseo de los venezolanos de normalizar su vida tras esta situación es el relacionado con las pensiones.

España debe reconocer que Venezuela no paga las pensiones, porque el problema es que, figuran como beneficiarios de una pensión aunque no cobran desde finales de 2015, por eso sus solicitudes de ayudas son sistemáticamente rechazadas.

Desde el Parlamento hemos pedido que España reconozca, a quienes trabajaron aquí y cotizaron algún periodo antes de emigrar, el derecho a percibir los complementos mínimos, hasta alcanzar la pensión mínima española. Y al resto, que España les garantice el acceso a una pensión asistencial (pensión no contributiva) por ancianidad.

Estamos orgullosos, como grupo parlamentario, de haber promovido la ayuda económica transitoria prevista en los presupuestos canarios de 2018 y que nuestro Parlamento lo apoyara. El Gobierno está pendiente de resolver los 560 expedientes y desde nuestro grupo vamos a trabajar en los presupuestos de 2019 para que la ayuda se extienda al mayor número de beneficiarios en situación de necesidad.

Seguimos trabajando para encontrar las soluciones más ajustadas a cada realidad, a cada necesidad, de nuestros hermanos venezolanos.

*Diputada del Grupo Nacionalista en el Parlamento de Canarias

Fuente http://eldia.es/criterios/2018-11-17/1-Es-justicia-apoyo-hermanos-venezolanos.htm

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