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600 jubilados venezolanos residentes en València llevan tres años sin pensión

Integrantes de la Asociación de Pensionados Venezolanos, bajo el puente de la Peineta germán caballero

Su vida laboral se desarrolló en el país sudamericano, cuyo gobierno frenó el pago a todos los emigrantes en 2015

Fue el hambre lo que hizo que, con tan solo 13 años, Amparo Marqués cruzase el charco. En 1954, esta valenciana encontró en Venezuela su lugar de residencia. Allí conoció a Juan Antonio Ramallo, un canario que, como ella, migró a Venezuela buscando una mejora en su vida.

Después de largos años trabajando en una empresa familiar de ollas, a Amparo le detectaron cáncer de mama. Su hogar entonces se encontraba a medio camino entre Venezuela y València, donde trataron la enfermedad de Amparo. Unos años más tarde, en el año 2000, esta valenciana decidió hacer definitiva su vuelta a València cuando le diagnosticaron un segundo tumor. «Desde que llegué a Venezuela no pasé una noche sin llorar porque sentía que mi lugar estaba en mi tierra», explica Amparo.

Su marido, ya jubilado, percibía entonces una pensión del gobierno venezolano de 300 euros mensuales, gracias al Convenio Bilateral de Seguridad Social entre Venezuela y España desde 1988.

Con la inflación, Amparo y Juan Antonio llegaron a cobrar 1.300 euros al mes en 2015. «Una pensión con la que podíamos vivir bastante holgados y tranquilos», asegura Amparo. Lo que no se esperaban es que su último ingreso fuese en diciembre de ese mismo año. Desde entonces nada. El gobierno venezolano decidió entonces cerrar el grifo a todos los pensionistas que vivieran fuera de su país, incumplido así el convenio firmado con España en 1988.

Desde entonces, Amparo, Juan Antonio y otros 588 pensionistas venezolanos afincados en València (el 90 % retornados como Amparo y un 6 % con doble nacionalidad) viven «del aire». Tres años, que se dice pronto, llevan subsistiendo de la caridad de algunas entidades como Cáritas, de la ayuda de familiares o haciendo «chapuzas» para alguna amistad que intenta ayudarles.

Una situación de la que ya advirtieron en diciembre de 2016. El incumplimiento de los pagos trasladó entonces a España una verdadera situación de alarma social que se ha traducido en cuatro desahucios y un intento de suicidio en la Comunitat Valenciana en tres años.

Los peores temores se constatan ahora, cuando los ahorros se acaban y no les quedan pertenencias que vender. No cuentan con recursos económicos para el pago del alquiler de la vivienda o la compra de medicamentos, tan necesaria para la mayoría de ellos. La incertidumbre por la duración de esta crisis les trajo como consecuencia un bucle de ansiedad, depresión, miseria y desamparo.

Se movilizan ahora, gracias a la conformación de la Asociación de Pensionados y Jubilados de Venezuela en la Comunitat Valenciana (de la que es presidente el venezolano Óscar Silva y vicepresidente Wilfredo Castro) llamando a cada puerta que se les cruza por delante: ayuntamientos, diputaciones, conselleria… La última vez (el 24 de octubre) acudieron a las Corts, con una Propuesta No de Ley que les permitiese formar parte de la Renta Valenciana de Inclusión en lo que el Gobierno media para que Venezuela recule en su decisión.

Fuente https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2018/11/05/600-jubilados-llevan-tres-anos/1790714.html

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