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Pensionados en el exterior: «Maduro nos está robando»


Miembros de la Asociación de Pensionistas y Jubilados de Venezuela en Asturias (Asopeve), en una reciente reunión en el centro municipal de La Arena, en Gijón. / DAMIÁN ARIENZA

Venezolanos residentes en el exterior suman 30 meses sin percibir su pensión | Sin ingresos, la mayoría depende de sus hijos para sobrevivir en Asturias. «Esta situación nos ha llevado hasta a enfermar», se lamentan

Laura Mayordomo

El pasado mes de noviembre, sentados delante del televisor, vieron al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, asegurar en una entrevista para el programa ‘Salvados’ que solucionaría en un mes la deuda con los miles de pensionistas de su país que viven en el extranjero. Algunos lo creyeron. Han pasado casi siete meses más y nada ha cambiado. Ni un euro en sus cuentas. Es lo que viene ocurriendo desde enero de 2016, cuando el gobierno venezolano dejó de pagarles. «La pensión es un derecho constitucional que no se va a perder, pero no sabemos cuándo recuperaremos». Carmen Ortiz, 66 años, profesora de preescolar jubilada, es realista: «Tienen una deuda con nosotros que es impagable». Y que sigue creciendo.

Sin ingresos, la mayoría de los venezolanos residentes en el Principado subsiste básicamente gracias a sus hijos. Hijos que, en muchos de los casos, habían llegado a España años antes que sus padres, gozan en la actualidad de una buena posición laboral y han asumido «nuestras cargas». Así viven Carmen Ortiz, Neila Briceño, Lenis Villalobos o Fidel Rodríguez, miembros todos ellos de la Asociación de Pensionistas y Jubilados de Venezuela en Asturias (Asopeve), que representa tanto a emigrantes retornados como a venezolanos con residencia en España. «Uno llora, se desespera, siente impotencia… Esta situación nos ha llevado hasta a enfermar. ¿Para esto trabajamos tantos años?», se lamenta Neila Briceño, funcionaria de la Hacienda venezolana durante 23 años que, tras jubilarse (en Venezuela ellas lo hacen a los 55 años y ellos a los 60), se instaló en España en 2010. «Venía todos los años a visitar a los hijos y en una de esas me quedé». Ahora, sin ayudas sociales de ningún tipo, vive con su hija. «Ella lo paga todo porque yo no tengo nada».

«Aquí al menos comemos»

Lenis Villalobos tiene la suerte de ser perceptora del salario social. Asturias es, en este sentido, una excepción. Porque es la única comunidad autónoma que concede ayudas sociales a los pensionistas venezolanos. Lo hace desde febrero del año pasado, cuando comenzó a aceptar como documento acreditativo de que Venezuela no les está pagando una carta enviada al consulado de ese país en Vigo. Es la misma gestión que llevó a cabo Aurora Gracia Molina -hija de gijonesa y aragonés- para percibir el salario social. Ella, su marido y dos de sus tres hijos decidieron hacer las maletas e instalarse en España hace cuatro años «viendo la situación económica que se avecinaba y la inseguridad». Lo hicieron «con lo puesto» tras «malvender» lo poco que pudieron de sus propiedades en Venezuela, donde siguen sus tres hermanos. «Mis hijos, cuando pueden, les envían ropa y medicinas porque allí, aunque tengas dinero, no consigues medicamentos. Eso es lo triste», cuenta.

«Aquí la situación es difícil, pero comemos, tenemos calidad de vida y seguridad», refrenda Lenis Villalobos, trabajadora social, abogada y abuela de una niña de ocho años que fue la razón de que se instalara definitivamente en Gijón. Ella no es «pensionada» de la seguridad social venezolana, sino que cobraba -no lo hace desde junio de 2015- de un fondo de jubilaciones al que, periódicamente, va realizando aportaciones la Universidad de los Andes, en cuyo centro de atención médica integral trabajó hasta que le llegó la edad de jubilarse. Sin embargo, un error administrativo por parte del consulado de Venezuela en Vigo y el posterior retraso en la recepción de la documentación en su país de origen motivaron que lleve tres años sin percibir su paga. «Ahora sé que hay muchas más personas, jubiladas como yo, en mi misma situación. Nos están robando. No hay divisas para pagarnos a nosotros, pero sí para ellos. Allá no se respeta nada ni a nadie. Y mucho menos a nosotros que estamos aquí», se queja amargamente.

Fidel Fernández, nacido en la aldea de Castro (Orense) hace 74 años, emigró con 16 a Venezuela, donde trabajó en una empresa manufacturera de aluminio durante casi cuatro décadas. Hasta que su mujer, gijonesa, «se quiso venir». Él tenía entonces 54 años y aún trabajó unos cuantos más aquí. Gracias a eso tenía derecho a una pequeña pensión. Pero el Gobierno español, como hizo con tantos otros emigrantes retornados, le retiró los complementos a mínimos cuando vio que Venezuela, en 2014 y 2015, incrementaba el monto de la suya hasta la cifra máxima de 1.300 euros. A su mujer le ocurrió exactamente lo mismo. Ambos han recurrido a los juzgados para hacer valer sus derechos. Para demostrar que, en realidad, Venezuela no paga. Ella espera resolución y él una vista que se celebrará en noviembre. Tienen tres hijos. «Dos trabajan y algo nos dan para ir viviendo». Si ocurre con ellos lo que con el medio centenar de asturianos retornados que ya han conseguido que los tribunales les den la razón, volverán a percibir esos complementos a mínimos. Mientras tanto, «resignación».

Fuente http://www.elcomercio.es/asturias/maduro-venezolanos-asturias-20180701003806-ntvo.html

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