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Anis Cartujo
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Venezuela, Les Corts y los otros pensionistas

Alberto Aznar 

El profesor Francisco Espert nació en el carrer Cadis de València un 14 de julio de 1935, emigró a Venezuela siendo niño y ha trabajado toda su vida en ese país como docente, llegando a ser Rector de la Universidad Alejandro de Humboldt de Caracas.

Lilian Lafonte es psiquiatra nacida en Venezuela y, desde que se vino a España para cuidar a su madre nacida en Burriana y su padre de origen francés, pasa parte de su tiempo colaborando con el Comité Ciudadano Anti-Sida de València y atendiendo a diferentes enfermos.

Wilfredo fue funcionario de la administración pública de Venezuela hasta que, hace 20 años, hizo las maletas con su familia para cuidar a los padres de su mujer Violeta, españoles de origen, que vivieron más de cincuenta años en el país andino.

Los tres, al igual que otros miles y miles de mayores venezolanos de vida pero con nacionalidad o vínculos de sangre directos o indirectos con España (alrededor de 200.000 españoles de origen residen actualmente en Venezuela), se han trasladado a València para pasar la última etapa de su vida tras haber estado la mayor parte en Venezuela, país del que les corresponde cobrar su pensión en tanto es allí donde han cotizado por todos sus años de trabajo.

Disfrutar de su jubilación cobrando su pensión era su objetivo, al menos, hasta diciembre de 2015: mes desde el cual ninguno de los miles de jubilados hispano-venezolanos residentes en España está recibiendo ni un euro de su pensión del Gobierno de Venezuela, que añade a la situación de inestabilidad e inseguridad internas el desamparo y el incumplimiento de todas sus obligaciones más elementales con aquellos que durante su vida sí cumplieron y contribuyeron a financiar su sistema público con sus aportaciones a la seguridad social.

Ante esta situación extrema donde, de un día para otro y sin previo aviso, los mayores hispano-venezolanos han pasado de cobrar la pensión a no tener ingresos, este colectivo, en tanto la inmensa mayoría son españoles por nacimiento o sangre o cumplen los requisitos legales de residencia y trabajo, han ido solicitando al Instituto Nacional de la Seguridad Social el reconocimiento y cobro de, al menos, una pensión no contributiva de apenas 430 € mensuales con que subsistir. Mucho se está hablando últimamente de las pensiones y la vergüenza que supone que el Gobierno de Mariano Rajoy apenas las haya subido, pero es que en el caso de los mayores hispano-venezolanos directamente les niega ese derecho que luego los tribunales les reconocen.

Pero, aún en el caso de cumplir todos esos requisitos legales (acreditar que no se tienen otros ingresos y ser nacional o haber trabajado y residido en España), el INSS -dependiente del Gobierno de España- viene negando sistemáticamente o no contestando a las solicitudes de ayuda, obligando a las personas afectadas a acudir a la vía judicial. En esta vía, tribunales de primera y segunda instancia de Asturias, Canarias y Galicia -y, muy pronto, de València- están uno tras otro dando la razón a los solicitantes de esas ayudas de 430 € y obligando al Estado a pagar desde el momento en que se reclamaron por primera vez, en tanto su concesión fue denegada injustificadamente (por citar solo unos ejemplos: sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia en el recurso nº. 3474/2015; sentencia de 18 septiembre de 2015; o sentencia de 5 febrero de 2016).

Reconociendo como los tribunales les reconocen el derecho a cobrar una ayuda o complemento mínimo por la situación de desamparo en que se encuentran, y ante la vergonzante pasividad y dejadez del gobierno central, los parlamentos regionales de Asturias, Canarias o Galicia (donde la comunidad hispano-venezolana es muy superior a la residente en la Comunidad Valenciana) han respondido a esta situación adoptando diferentes medidas -sea en forma de leyes o líneas presupuestarias de emergencia- que permiten a la comunidad de mayores hispano-venezolanos ver respetado su derecho sin necesidad de acudir a un procedimiento administrativo y luego judicial que se alargue hasta aproximadamente los dos años.

En la Comunitat Valenciana, todos los grupos de Les Corts se han reunido ya, conocen de primera mano, tienen en su poder leyes y sentencias que acreditan lo anterior y han recibido la petición específica de la comunidad hispano-venezolana de instar al Gobierno de España a resolver la situación y, en su defecto, que el Consell de la Generalitat tome cartas en el asunto, estudie la problemática y adopte soluciones reales y efectivas. En manos de la clase política valenciana está hacer oídos sordos y que continúe, camino del tercer año, la situación de desamparo de aquellos a quienes el principio de humanidad -y los tribunales- reconocen su derecho, o mostrar empatía y comprometerse de forma real y efectiva con el drama que, fuera de su país de vida pero dentro de su país de nacimiento o sangre, sufren “los otros pensionistas”: el profesor Espert, Lilian, Wilfredo y el resto de mayores hispano-venezolanos.

*Alberto Aznar Traval y Santiago Calvo Escoms son abogados de la Asociación de Jubilados Hispano-Venezolanos de la Comunidad Valenciana

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