martes , agosto 20 2019
Banner Chocolates Savoy
Home / Inmigración / Expulsiones exprés. Protocolo de actuación de la Subcomisión de Extranjería

Expulsiones exprés. Protocolo de actuación de la Subcomisión de Extranjería

Protocolo de actuación en las denominadas expulsiones exprés de la Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía

coche-policia2

 

Cuando un ciudadano extranjero se encuentra en España en situación irregular puede ser expulsado del país y devuelto a su país de origen o de procedencia.

Estas expulsiones, llevadas a cabo por la Policía Nacional tras la oportuna detención, deben realizarse cumpliendo ciertas garantías y derechos para el detenido.

Sin embargo, han aumentado las “expulsiones exprés”, muchas veces realizadas mediante engaños, en las que la policía procede a la expulsión durante el plazo de 72 horas que una persona puede estar detenida y que en muchos casos puede suponer una minoración de las garantías legales y de los derechos fundamentales del afectado, entre ellos el derecho de defensa. Esta modalidad se ejecuta directamente desde los calabozos de la comisaría sin que el inmigrante llegue a ingresar en un centro de internamiento y sin asistencia letrada. Esto implica que se puede ejecutar una orden de expulsión dictada varios años atrás sin que se tenga en cuenta ni se valore de ninguna forma la situación actual del expulsado.

Ante estas actuaciones, la Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía ha elaborado un Protocolo de actuación en las denominadas expulsiones exprés. Señala la Subcomisión que la función de los abogados no es oponerse u obstaculizar en cualquier caso o sin motivo razonado al retorno de los extranjeros, sino velar porque la actuación de la administración sea ajustada al ordenamiento jurídico y que los derechos humanos de todas las personas sean respetados.

Dicho Protocolo establece que los letrados, en aras a la defensa, deberán llevar a cabo las siguientes actuaciones:

Examinar el expediente, y entrevistarse privadamente con el detenido. La relación entre letrado y defendido está presidida por los principios de independencia y privacidad, por lo que el letrado tiene derecho a reclamar las condiciones necesarias para que esa relación se desarrolle conforme a esos principios, y debe denunciar aquellas intervenciones en que los mismos se impidan u obstaculicen, conforme al art. 537 CP. Tiene derecho a entrevistarse con su defendido a puerta cerrada y con las debidas garantías de ausencia de escuchas o coacciones.

Recabar toda la información posible del expediente, en especial:

  • fecha de la resolución de repatriación que se pretende ejecutar (ya se trate de una expulsión, de una denegación de entrada y/o de una devolución) y de notificación.
  • datos profesionales del Letrado representante en el expediente de repatriación.
  • pendencia o no de un recurso contra la resolución de repatriación y situación del mismo.
  • existencia o no de una medida cautelar de suspensión de la expulsión.

* Conseguir toda la información posible del extranjero, en especial:

  • situación familiar y teléfono de contacto de familiares más cercanos.
  • situación administrativa y judicial.
  • estado de saludo…

* Colaboración entre letrados. Si el Letrado que asiste al extranjero en el procedimiento para la ejecución en el plazo de 72 horas no es el mismo que intervino en el expediente que provoca la decisión de repatriación que se pretende ejecutar, deberá:

a) ponerse en contacto inmediatamente con el compañero que asiste al extranjero en el procedimiento administrativo principal, para comunicarle la detención y la posible ejecución de la decisión de repatriación en el plazo de 72 horas.

b) facilitar la información necesaria al compañero que lleva el expediente administrativo para que el mismo pueda presentar los recursos procedentes contra la decisión de repatriación y solicitar la medida cautelar urgente dentro del procedimiento contencioso-administrativo, o esto último si el procedimiento judicial ya está iniciado. En el supuesto de que la medida cautelar ya se haya solicitado y no se haya resuelto, el compañero podrá solicitar la modificación de la medida cautelar urgente o cautelarísima dada la inminente repatriación.

* Recurso contra la ejecución forzosa. En el supuesto de considerar no ajustada a derecho la actuación policial en el procedimiento de ejecución forzosa de la medida de repatriación, y teniendo en cuenta la afectación de derechos fundamentales y libertades públicas -entre otros, art. 19 CE (libertad de circulación); art. 17 (derecho a la libertad personal) y art. 24.2 (indefensión y tutela judicial efectiva)-, se deberá estudiar la interposición de recurso contencioso administrativo por el procedimiento especial de protección de derechos fundamentales (arts. 114 a 122 LJCA) con petición de medida cautelar urgente (art. 130 LJCA).

* Incumplimiento de la obligación de la asistencia de letrado. En caso de que el Letrado tenga conocimiento por cualquier vía de que la Policía incumple su obligación de llamar al letrado de guardia en estos casos o lo llame para comunicarle la inminente repatriación en el plazo de 72 horas sin solicitar la asistencia al detenido, el abogado de guardia es la primera persona legitimada a realizar cualquier actuación en defensa del afectado, como así ha fijado la jurisprudencia constitucional, por lo que debe instar a la Policía a realizar adecuadamente las asistencia al detenido y a entrevistarse con el mismo, advirtiendo de que en caso contrario se podría incurrir en un delito del artículo 537 CP, y  acudiendo al Juzgado de guardia en caso de  persistir la negativa a la asistencia letrada a los efectos de presentar la oportuna denuncia y “habeas corpus”.

 

Fuente: http://www.parainmigrantes.info/

Te podría interesar

España comienza la ‘legalización’ de venezolanos con 3.300 nuevas residencias

El gobierno español acaba de emitir más de 3.300 residencias para los venezolanos que solicitaban …